Durante la quinta sesión ordinaria del Consejo Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (CRTPE), la Secretaría Técnica de esta instancia, junto a la Intendencia regional de Sunafil advirtieron de casos de trabajo forzoso en la región.

La gerenta regional de Trabajo y secretaria técnica del CRTPE, Catherine Rodríguez Torreblanca explicó que en Arequipa los casos de trabajo forzoso se concentran principalmente en actividades como la minería ilegal, las labores domésticas y la agricultura.

Son siete las regiones a nivel nacional, donde se observan estos casos, cuatro de ellas se encuentran en el Sur; Arequipa, Cusco, Puno y Madre de Dios. En la mayoría los casos, el trabajo forzoso se vincula a la minería artesanal, informal y tala ilegal, que en buena parte afecta a mujeres y niños.

En tanto, el intendente regional de Sunafil, Rubén Rojas, detalló que llevan adelante inspecciones, en coordinación con la Gerencia de Trabajo para prevenir estos casos. Como ejemplo, detalló de una intervención hecha en la región que comprometió a 16 personas contratadas por una minera quienes estuvieron internadas 36 días sin pago en un “seudo campamento”. Comentó, además que se iniciaron labores de inspección en obras de construcción civil para verificar las condiciones en las que laboran los trabajadores vinculado al sector construcción.

Rodríguez añadió que el trabajo forzoso, denominado también “esclavitud moderna”, se concreta cuando las personas trabajan sin recibir pago alguno, se les retiene el documento de identidad o se vulnera derechos básicos. “Hemos visto caso de centros laborales donde no se permite ir a usar los servicios higiénicos, ahí también se vulneran derechos”, comentó. Agregó que en cualquier escenario se usa la amenaza para mantener el vínculo laboral.

En ese sentido, se expuso ante el CRTPE que desde la Gerencia se continuarán con acciones de prevención que apuntan a informar a la población sobre esta situación, así como a los empleadores para que no vulneren los derechos de los trabajadores y no caigan en prácticas que de acuerdo al código penal pueden ser sancionados hasta con 12 años de cárcel.